Resumen
El presente escrito intenta una descripción posible de la construcción del rol profesional de psicólogos y psicólogas, con origen en persecuciones, ilegalidades y bastardeos, que más de medio siglo después de su creación tiene una diversidad en sus prácticas, no exentas de rigor epistemológico y que, desde esa diversidad, vigilancia y confrontación de sus propias prácticas, tiene un consenso indiscutido en lo social. Sostenemos también que el desafío consiste en ser una disciplina que no pierda las aristas filosas y cuestionadoras de sus intervenciones.
Finalmente intentamos demostrar que la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental es la herramienta adecuada que permite vehiculizar las intervenciones, desde un paradigma con eje en los derechos humanos y que se hermana con las ilusiones que se sostuvieron desde el origen mismo de las Carreras de Psicología.
Ejercicio profesional de la Psicología
Si el ejercicio profesional de la psicología ha sido un difícil logro, aún en construcción en algunos sectores, cuanto más que el objetivo responda a los parámetros de Salud Mental que propiciamos quienes sostenemos esta última como un derecho inalienable.
Quienes hemos tenido el privilegio de atravesar todas las etapas, no podemos dejar de asombrarnos cuando la carrera de Psicología se encuentra entre las ramas tradicionales por las que puede optar un estudiante que intenta definir los criterios de su vocación y probablemente la dirección de lo que lo ocupará toda su vida o al menos gran parte de ello.
Que la psicología sea hoy una carrera tradicional es una buena noticia en el sentido académico. Implica un reconocimiento y un lugar ganado.
Si sus contenidos también son tradicionales, ahí sí debería ser motivo de preocupación, sobre todo para quienes sostenemos su ejercicio como una forma de transformación personal, con efectos en lo social.
Nuestra profesión, la más joven de las tradicionales, ahora sí; nace de una extraña alianza entre el psicoanálisis con eje en los consultorios y las rebeliones callejeras sesentinas que convocaban masivamente a la juventud. Tal vez, sin proponérselo explícitamente escenificaban el sueño freudiano de un psicoanálisis al alcance de todos y todas, basado en el oro de la doctrina. Tiempos en que abarcar mucho más que las elites, para internarse en los barrios y las villas.
Un paréntesis, aclaración, para evitar polémicas a las que no apunta este artículo. Probablemente sí a otras:
La alusión al psicoanálisis como uno de los elementos constitutivos del rol tiene que ver con la influencia que en sus comienzos tuvo en el diseño y dictado de las carreras, fundamentalmente en CABA, Rosario y Córdoba, y a las que le fueron siguiendo. Hoy la formación y el ejercicio son diversos y en transformación.
Fue justamente por esos pecados de origen en convivencia con los movimientos sociales, que el ejercicio de una psicología comunitaria y la vocación social en las prácticas fue una práctica de origen.
Cuando los tiempos dictatoriales se apoderaron de la escena, nada fue fácil ni gratuito. Ser psicóloga o psicólogo pasó a ser profesión de riesgo, bastante más que otras. La Psicología era parte de la cacería y se expresaba sin tapujos.
Allá por los ochenta, la revista “Somos”, vocera de uno de los sectores hegemónicos del gobierno militar, “informaba” que “la mayoría de los extremistas agrupados en las organizaciones guerrilleras habían pasado por los consultorios”.
No fue una expresión aislada. El secuestro y posterior desaparición de Beatriz Perosio el 8 agosto de 1978 cuando ejercía la Presidencia de la recientemente constituida Federación de Psicólogos de la República Argentina y de la Asociación de Psicólogos de Bs. As. fue, tal vez, la advertencia más cruel. Ese día ha quedado establecido como el día nacional de las psicólogas y los psicólogos víctimas del terrorismo de Estado. Cientos/as de colegas pueblan la trágica lista.
Antes, producto de la persecución, se había desmembrado la COPRA, Confederación de Psicólogos de la República Argentina. La misma tuvo su origen el 13 de Octubre de 1974 en Huerta Grande, Córdoba. Su primer y único Presidente fue Juan Carlos Domínguez Lostaló. Fue allí que se estableció esa fecha para conmemorar el día de las y los psicólogas/os.
Explícitamente el ejercicio fue declarado impropio. Más específicamente, ejercicio ilegal de la medicina. Y aquí es importante poner las vicisitudes del ejercicio, cada vez más ligado a lo social en relación con las cuestiones de la época:
El ejercicio de la Psicología era una práctica de riesgo que se podía llevar puesta la libertad y hasta la vida. La cantidad de colegas que padecieron cárcel, muerte o desaparición son el trágico fundamento de esta afirmación.
En el ámbito académico y de las prácticas, el mayor combate hacia psicólogas y psicólogos provenía de la llamada psiquiatría manicomial que no eran la totalidad de los y las psiquiatras pero sí el sector que hegemonizaba la atención desde una concepción medicamentosa con énfasis en el aislamiento de la persona en crisis en el marco de las internaciones institucionales.
Las dictaduras fueron quedando en el pasado, aunque no necesariamente sus concepciones.
Psicólogas y psicólogos ganaron consenso social y las leyes de ejercicio fueron poblando el país bajo una consigna unificadora y representativa. “Hacer legal lo que es legítimo”. La legitimidad venía de las prácticas extendidas. La legalidad se fue ganando provincia a provincia.
Psicólogas y psicólogos, a través de los años, fueron diseñando estilos de intervención centrados en la palabra con diversos modos de inserción, ocupando lugares centrales en el sistema de salud público y privado. Las prácticas corporales y psicodramáticas no volvieron con la masividad interrumpida por los procesos autoritarios.
El psicoanálisis comparte el escenario con otras técnicas, fundamentalmente cognitivo conductuales. La convivencia de distintas corrientes de intervención es un logro de las prácticas democráticas en el ejercicio de la profesión.
Quienes trabajamos desde el psicoanálisis y nos reivindicamos como psicólogos sostenemos que aquel representa una corriente que se confronta a sí misma casi como función de ser de su práctica, y la vigilancia epistemológica es una bandera nada despreciable.
La pluralidad de técnicas complejiza pero a su vez enriquece las posibilidades del usuario en un sistema que oscila entre la libre elección y la designación puesta. Pero herramientas como el Consentimiento Informado han puesto parte de las cosas en su lugar. Es necesario que el usuario sepa, de boca del terapeuta, tiempos, formas, contenidos y objetivos hacia donde se avanza en el tratamiento. Sin desdibujar la asimetría, que es de otro orden, se ha hecho un ejercicio de equiparación de poder, si es que este debiera estar presente.
La ley Nacional de Salud Mental. (Nº 26657)
En el año 2010, luego de un trabajoso proceso de elaboración, consultas, correcciones y puesta a punto, se sanciona la Ley nacional de Salud Mental. Una herramienta claramente revolucionaria que se constituye, sin dudas en un paradigma de intervención con eje en los derechos humanos de los usuarios, que cuestiona la internación como norma principal de trabajo en descompensaciones psíquicas, que desestigmatiza la hasta entonces llamada salud mental y pone la palabra del usuario, ya no paciente, en perspectiva de derechos, lo cual implica, ni más ni menos que no puede ser eludida, minimizada ni bastardeada.
Quienes hasta entonces eran objeto de las prácticas psi- psiquiátricas, devienen sujetos de derecho con amplia potestad de decidir acerca de las intervenciones que tienen que ver con su salud mental.
La fortaleza de la ley radica en la garantía irrestricta de los derechos de los usuarios pero además en la forma participativa de su construcción ya que en ella participaron no solamente los sectores interesados, (quienes no estuvieron fue por propia voluntad), sino esencialmente los involucrados como la amplia e inédita intervención de las asociaciones de usuarios.
Otro eje ineludible de la ley y con visos revolucionarios, es la decisión legal de desmanicomialización plena como punto de llegada.
La totalidad de los valores que la ley sostiene pueden encontrarse en las proclamas históricas y actuales de las instituciones tanto de formación como de agremiación de psicólogos y psicólogas. Que hoy se plasmen en una ley es una clara invitación a militarla.
Defender la plena vigencia de la Ley nacional de Salud Mental es defender el ejercicio soñado de la psicología.
Tal vez sea momento de preguntarnos: ¿Por qué es necesario defender una ley vigente desde hace poco menos que diez años, consensuada, y que es garantía de derechos y buenas prácticas para la población?
Una primera respuesta podría ser que la norma toca intereses económicos y de poder sectorial, pero lo cierto es que también los tocaba hace once años.
Una segunda respuesta podría ser que la oposición encarna prejuicios sociales, que también estaban en su creación.
¿Entonces?
La normativa establece plazos que instituciones y Estado descuidaron hasta su vencimiento, hace casi un año. La decisión del Órgano de aplicación, el Ministerio de Salud, y más específicamente la Dirección Nacional de Salud Mental de llevar a cabo la desmanicomialización y empezar a realizarla, aunque con ritmos paquidérmicos, desató la ofensiva.
Una feroz campaña con participación intensa de medios hegemónicos y en base a las mentiras que posibilita el desconocimiento en combinación con los más retorcidos prejuicios.
Se dice que la ley prohíbe las internaciones. Lejos de ello lo que hace es garantizar los derechos del individuo a internar en un minucioso reglamento a través de 14 artículos de la ley. A riesgo de insistir con lo obvio digamos que se percibe como perniciosa la garantía de derechos.
Se agita el fantasma de la peligrosidad de las personas con padecimientos mentales. Las estadísticas de criminalidad desmienten tajantemente semejante estigmatización. También es tiempo de preguntarse sobre el concepto de peligrosidad. ¿Quiénes lo esgrimen y al servicio de qué?
En síntesis
Que los manicomios hayan sido construidos en los márgenes y en las afueras de las poblaciones tiene el sentido de evitar tropezarnos con lo discriminado, lo rechazado, la escoria. Lo que incomoda y no es decorativo.
Ese favor social crea privilegios, estaciones de poder, prebendas y plusvalía. No se puede perder esto de vista.
Si los locos tienen derechos, si su palabra vale, redunda en inseguridad para los cuerdos.
El Estado desperdició más de diez años en los que además de preparar las condiciones e ir cumpliendo las etapas que marca la ley, debió hacer docencia cultural.
No se hizo y hay que avanzar en ello. La conciencia de derechos no retrocede una vez echada a andar y las organizaciones profesionales son componente esencial en esta etapa.
El ejercicio idóneo de las prácticas psicológicas presumen libertad desde el mismo momento que iniciamos esta aventura vocacional, para toda la vida.
La Psicología hace años ya que ha sido declarada de interés público. Nos instala en el plano de la responsabilidad.
La dignidad de los usuarios en Salud Mental es un ejercicio colectivo que nos involucra como psicólogas y psicólogos pero también como sujetos sociales. Si eso no está garantizado corremos el riesgo de que todo sea una mentira.
¡Que la lucha de la construcción del rol para un ejercicio digno de la psicología, no haya sido en vano!
De eso se trata la lucha de hoy.
