Para comenzar, intentaré pensar un interrogante de apertura, significativo, para poder responder qué es trabajar en el área de Niñez y Adolescencia, en especial, respecto de las intervenciones con niñxs y adolescentes en favor de sus derechos específicos, contemplados por distintos marcos legales, tanto del derecho interno como internacional. Me preguntaba entonces ¿qué significa, en especial para mí, desarrollar esta tarea profesional bajo el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñxs y Adolescentes? ¿Realmente se restituyen derechos vulnerados de niñxs y adolescentes en situación de riesgo? ¿Cómo es la realidad institucional en albergues y paradores juveniles y/o casas de abrigo mixto? ¿Qué grado de adecuación técnica y profesional –en torno a la capacitación- cuenta el personal de nuestro organismo? ¿Se trabaja siempre en red con el resto de las instituciones y organismos de la comunidad? ¿Qué es realmente la corresponsabilidad? ¿Ponemos siempre en cuestionamiento nuestro Código de Ética profesional en cada intervención? ¿Por qué existen situaciones de extrema vulnerabilidad psíquica y social en niñxs y/o adolescentes de nuestra región? Invitaré a lxs lectores entonces a adentrarse a una mirada crítica y profunda de estos aspectos en la labor profesional en el área de niñez y adolescencia, particularmente, partiendo de mi experiencia profesional y por supuesto, personal y subjetiva.
Entonces, ¿Qué significa para mí trabajar en el área de Promoción y Protección de Derechos de Niñxs y Adolescentes? En particular, es adentrarse a una tarea multi e interdisciplinaria. Aquí no se trabaja solo, sino que se conforman equipos técnicos de diferentes profesiones, entre ellas, de Trabajadorxs Sociales, Psicólogxs, Abogadxs, Operadorxs de Calle, Personal de Salud, entre otrxs agentes, como así también diferentes organismos públicos, ONG´s, Gabinetes Educativos, Consejos Escolares y Docentes, Poder Judicial y operadores del Derecho, Comisarías y Departamentos de Investigación, áreas de asuntos sociales de diferentes hospitales de la región y muchas instituciones más, que tengan implicancia con niñxs y adolescentes, pero en especial, la comunidad misma, como parte pro-activa y en el marco de la corresponsabilidad e inter-institucionalidad.
Todos los organismos e instituciones, como cada equipo técnico y profesional que se conforma, coordinan, en la mayoría de casos, posibles acciones y estrategias a los fines de intervenir en situaciones concretas respecto de niños, niñas y/o adolescentes en situación de riesgo. No obstante, desde mi experiencia personal puedo afirmar y concluir otras cuestiones interesantes, muchas que distan del ideal que uno imagina a la hora de contar con herramientas, recursos, personal y acciones realmente coordinadas y acertadas. Pero lo que verdaderamente importa es la actitud profesional que uno tendrá en cada situación particular donde tenga que intervenir, manteniendo la firmeza técnica, pero sobre todo, ética, en cuanto al sinfín de compromisos y responsabilidades que la tarea tiene de específica.
Retomando entonces a la pregunta inicial y desde un punto de vista más subjetivo, diré que trabajar en el área de Niñez y Adolescencia implica mantener como desafío dos cuestiones de relevancia insustituible, a decir, el sostenimiento de un rol profesional ético y en conformidad a la tarea que se nos convoca, no sólo ante las características de la intervención, sino del posicionamiento ético del profesional psicólogx –en nuestro caso- ante las decisiones finales que se consideren en una intervención. Para ello, será importante mantener siempre una actitud crítica, reivindicando conceptos fundamentales –teóricos- pero por sobre todo -éticos-, aquellos que definirán una intervención acorde a principios y direccionamientos esperados en nuestro desarrollo profesional, aquí y en donde nos encontremos en desempeño.
Por otro lado, es imprescindible la constante reflexión respecto de nuestro sujeto de intervención, quienes en este caso serán niñxs y adolescentes, lo que implica de por sí una instancia especial en el desarrollo evolutivo psicofísico, de crecimiento y maduración constante. Pero no sólo así, estamos además agregando siempre otras peculiaridades que trascienden el mero sentido de la etapa de maduración y crecimiento natural. Me refiero a que, si bien hablamos de un sujeto de derecho, especial por la circunstancia madurativa del desarrollo que atraviesa y de dependencia absoluta y/o relativa, a esto se suma el diagnóstico de vulnerabilidad psicosocial, a decir, las necesidades básicas y fundamentales para la vida –aquellas que los instrumentos del Derecho Interno e Internacional enmiendan como principios inviolables- pero que en la más absoluta realidad, esto con firmeza no existe y no se garantiza desde un principio.
Quiero decir con esto que nos encontramos en lo cotidiano con situaciones extremas, reales y que requieren muchísimo esfuerzo y colaboración de todas las esferas del Estado, en especial, de las áreas encargadas de proporcionar atención particular a quienes se ven frustrados sus derechos, pero aún más, en el compromiso que asuma la sociedad total sobre “nuestrxs niñxs y adolescentes”.
Lejos entonces de enfocarnos sólo en Derechos de Niñxs y Adolescentes, en mi particular reflexión, pondría el acento en los Derechos Sociales, Políticos y Culturales, aquellos que abrazan a las comunidades enteras que se ven desprovistas de derechos tan elementales, que una o más de ellos como carencias, implican innumerables problemáticas que afectarán al común del grupo familiar y su desarrollo e integración a la comunidad misma. Quizá podamos suponerlas pero diré que he visto y no sólo oído como profesional –y persona- situaciones que atentan contra el sentido mismo de humanidad y civilización. No haré referencia a unx niñx, y/o adolescente aun preservando su identidad, ni a un grupo familiar, sino barrios y comunidades enteras desprovistas de un techo y vivienda digna, de calles asfaltadas e iluminadas, de servicios esenciales como el agua potable y apta para consumo, de redes eléctricas, de infraestructura y desarrollo urbano concreto, y con ello, de acceso a sus principales derechos, sin perjuicio de aquellos anteriores, como el empleo formal (derechos laborales/formación y capacitación para el trabajo), a la educación (vacantes, cantidad de escuelas y las distancias donde se ubican), al transporte, a la recolección de residuos para un ambiente saludable, al esparcimiento (plazas y espacios de integración comunitaria), a la salud (la garantía y calidad de la atención en Centros de Atención Primaria y Hospitales Generales), en fin, a la seguridad humana misma de sus habitantes.
En cuanto a la circunstancias en algunos hogares y paradores, casas de abrigo, entre otras denominaciones, sin prejuicio que sean provinciales y/o municipales, siempre se conocen circunstancias que continúan atentando a la garantía de derechos en su interior. Sin señalar particularidades, es de común conocimiento que se generen dificultades en la convivencia entre jóvenes y/o niñxs, a veces por una cuestión horizontal (entre pares) y otras tantas verticales (entre autoridades y/o referentes al cuidado de aquellxs y estxs últimos). La realidad institucional –la institucionalización en sí- trae aparejadas consecuencias a largo plazo, lo que implica necesariamente la afectación de derechos en niñxs. Muchas medidas de abrigo adoptadas y contempladas en el Art. 35 Bis de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñxs y Adolescentes terminan teniendo un horizonte difuso, pues los tiempos se ven modificados muchas veces por plazos y resoluciones judiciales que demoran y por otra parte, las estrategias de restitución de derechos deben enmarcarse en esos tiempos legales de la medida de abrigo y aquéllas resultan, no siempre, difícil de realizarse.
En la dinámica inter-institucional nos han ocurrido inconvenientes en la coordinación de acciones, cuestiones que se modifican según autoridades en cargos supremos, respecto de la interacción entre Servicios Locales (de Promoción y Protección de Derechos de Niñxs y Adolescentes, que se encuentran de manera geoconcéntrica en Barrios del Gran La Plata y casco urbano también) y la lógica institucional de algunas casas de abrigo u hogares. Lo que puede acreditarse por diversas causales, el último eslabón perjudicado, retomando, son lxs niñxs y adolescentes que continúan muchas veces perjudicándoseles derechos esenciales, tan así, como la escucha comprometida de su opinión e intereses a los fines de modificar e intervenir ante estas cuestiones que tanto ellxs pueden definir, según la edad y grado de madurez, para sí mismos.
Hay más situaciones comunes que suelen darse al interior de la realidad institucional y sus agentes, pero que si bien algo de esto “pareciera ser parte”, no debemos acostumbrarnos sino disponernos –autoridades e instituciones- para un cambio de paradigma responsable y definitivo, en conceptos e intervenciones, siempre en beneficio de los derechos que hemos mencionado.
Un último ejemplo puede traerlo la crisis sanitaria vigente por el virus del COVID-19, lo que a principios confinó y redujo la posibilidad de esparcimiento de lxs niñxs y adolescentes en algunas casas de abrigo y hogares. Esto, como en todxs lxs habitantes, fue perjudicial y acrecienta el malestar ante los ya supuestos padecimientos que atraviesan lxs niñxs y adolescentes en situaciones de albergues estatales. Podríamos mencionar así infinidad de circunstancias –algunas exógenas y accidentales, otras endógenas e institucionales- pero como dijimos, que culminan afectando aún más, por no decir “vulnerándose más” los derechos de lxs niñxs y adolescentes. A propósito de ello, y con los fines de modificar estas experiencias por el tránsito institucional, es que desde la Dirección Gral. actual de Niñez y Adolescencia se propuso en este año dar lugar a un nuevo programa “Familias que Abrigan La Plata”, cuyo propósito además de encontrar personas y grupos familiares dispuestos solidaria y voluntariamente a brindar cuidados y contención –bajo medidas de abrigo excepcionales- a niñxs y adolescentes, se buscará evitar más aun las institucionalizaciones –conociendo los efectos que de por sí traen al desarrollo de la subjetividad-.
Otra realidad que acontece, en este caso al interior de algunos Juzgados de Familia de nuestro Partido Judicial, tiene que ver con la situación a la que se exponen niñxs y adolescentes al “declarar” su opinión y “ser oídos” -entre comillas porque todavía rige una práctica ya superada, esto visto los entrecruces técnicos, de formación, ideológicos y éticos entre las distintas profesiones intervinientes-. Desde ya que se perciben y hacen notables algunas intervenciones al interior de estos organismos judiciales que todavía distan de superponer los derechos de estxs niñxs y adolescentes sobre otros derechos de lxs adultxs en litigio. Ocurre por ejemplo en “las formas” en cómo supuestamente se hace valer la escucha y participación activa del niñx en el proceso. Sin definir situaciones concretas, pero recordando una en especial, aun sin esclarecer el tipo de cuestionamiento –que tiene que ver con las formas, sin perjuicio además de la capacitación y la responsabilidad de cada profesional-, tiene que ver con el hecho de no cerrar bien una puerta para mantener la privacidad del contenido discursivo del niñx ante un agente asesxr de “menores” e “incapaces” (término jurídico en relación a la incapacidad de ejercicio del derecho)”, algo que, como sabemos, perjudica no sólo la calidad de la intervención y el proceso en sí, sino el sometimiento del niñx a confesar cuestiones propias, “sin entrar en transferencia”, ante tiempos limitados, ante apuros inmediatos, a decidir algo que cambiaría de seguro su vida, entorno y socialización, y que además de por sí, se continúa afectándolo subjetivamente –se angustian y quedan indecisos (se inhiben, estresan o entran en pánico), temen represalias por parte de adultxs- y confrontándolx ante situaciones de las que sólo un personal calificado y de experiencia, podría reducir y mejorar prudentemente esas intervenciones.
Respecto de si la corresponsabilidad existe, puedo decir que no siempre, sino que se deben impulsar muchas acciones más, necesarias y evidentes, para satisfacer derechos vulnerados en niñxs y adolescentes que, víctimas de tales circunstancias inter-institucionales y también comunitarias –de todxs-, no alcanzan a recibir intervenciones coordinadas, conjuntas y prósperas –dada su complejidad ante determinadas situaciones- debido al sentido propio –de responsabilidad- que tiene el concepto de corresponsabilidad. Esto implica que, todas las agencias, organismos, instituciones, profesionales, referentes y agentes que intervienen en una propuesta emergente y determinada, deben sentir la responsabilidad colectiva, y no sólo la propia, ante aquellas ocasiones donde nos vemos involucradxs.
A modo de conclusión haré un llamado a la reflexión política, humanitaria e institucional-comunitaria para el desarrollo equitativo e igualitario de todos los sectores que integran la sociedad. En especial, si hablamos de nuestra región, el compromiso, la responsabilidad y la seriedad que implican estos asuntos se verán reflejadas en las políticas de Estado que garanticen –válgase que hagan realidad el contenido normativo de las leyes que disponemos- a los fines de, principalmente, encontrarnos con un desarrollo urbano-comunitario donde se prospere la vida, la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la participación ciudadana y la garantía de accesos a los principales derechos humanos. Así también el fortalecimiento de las áreas de secretarías y organismos públicos asociados a “las infancias y adolescencias”, en especial, a los recursos brindados y la capacitación permanente del personal, a la protocolización de intervenciones, a la articulación estratégica necesaria y pertinente entre todos los organismos e instituciones implicadas, a salarios dignos y acorde a las tareas confeccionadas, más aún, a la organización e implementación de campañas, proyectos e ideas políticas que se propongan, estadísticamente, mejorar íntegramente la tarea que realizamos, en todo sentido, y teniendo en cuenta nuestro principal sujeto de intervención, que como decimos siempre, “trabajamos por y para lxs niñxs y adolescentes”.