“Si no se saben mis palabras
no dudes que soy el que fui.
No hay silencio que no termine.”
Pablo Neruda, 1962.
Puede sonar redundante, incluso obvio comenzar mencionando que los/as psicólogos/as trabajamos con la palabra, aquella considerada el motor que da vida y movimiento al proceso terapéutico. Así también, resulta paradójico que, en alguna época no muy lejana en nuestro país, durante lo que se conoce como el Proceso de Reorganización Nacional, la manipulación o incluso prohibición de ésta generó un sinfín de consecuencias a nivel social, económico y político; dando luz hoy en día sobre el poder que ella misma conlleva, poder principalmente, significante.
Con relación a esto, y en el marco de la realización de mi Trabajo Integrador Final, titulado Análisis de las consecuencias subjetivas en víctimas detenidas en centros clandestinos: Terrorismo de Estado en Argentina entre los años 1976 y 1978; surge el interés por escribir el presente artículo.
Se analizan aquellos efectos que el mencionado hecho histórico tuvo en los/as sujetos que fueron víctimas detenidos/as, secuestrados/as y en algunos casos liberados/as así como en el tejido social argentino.
Se podría plantear que, en el Proceso de Reorganización Nacional, desarrollado en nuestro país a partir del año 1976, el miedo o el terror y el silencio son dos concepciones que estuvieron presentes y que van de la mano.
El principal objetivo era restablecer el orden para proteger los valores occidentales y cristianos de los/as argentinos/as. Este nuevo proyecto de orden fue organizado y ordenado a través de la lógica de la “guerra”. Una guerra que no era concebida como una guerra limpia, con un campo de batalla definido, con métodos convencionales y con un enemigo claro y establecido. Este escenario dio lugar a toda una serie de actos de violencias, secuestro, tortura, y asesinato de personas de manera clandestina, así como también la apertura de distintos lugares que funcionaban como Centros de Detención.
El límite borroso entre lo legal y lo clandestino, funcionó como el principal mecanismo para la diseminación del miedo y la intimidación, fomentando así la obediencia a los objetivos y mandatos del régimen. Este discurso interpelaba al público, a la familia argentina, al ciudadano/a, al vecino/a a asistir al gobierno en su defensa de los valores occidentales y cristianos y a cooperar activamente en la guerra contra la subversión. Aquel o aquella que colaboraba era reconocido/a por el discurso del Proceso, y así también todo comportamiento que difería de esta actitud, era considerado como sospechoso y excluido como posiblemente subversivo. En el caso de la familia argentina, ésta era advertida sobre los peligros de la subversión y era alentada a controlar a sus hijos frente a una posible influencia.
De esta manera entonces, el miedo definió a muchas de las acciones y actitudes de la gente en sus familias, como así también en sus lugares de trabajo, escuelas y lugares públicos.
Ahora bien, por medio de este miedo e intimidación, así como las denuncias frente a alguna posible desviación, también se infundió el silencio (anulación de la palabra) absoluto por parte de toda la ciudadanía.
El silencio se convirtió en una actitud generalizada dentro del tejido social, y mediante la ignorancia o la negación de los hechos se lograba prevenir en cierta manera el quedar expuestos a posibles preguntas e indagaciones futuras. Otros sectores de la sociedad adoptaron una postura cómplice a través de la cual aceptaron y adhirieron a las acusaciones del régimen que asociaban a las víctimas directas de la represión con la subversión.
El silencio general sobre el tejido social fue posible también por el apoyo de las distintas fuerzas políticas y eclesiásticas que se encontraban en el poder en ese momento. En palabras de Barros (2009):
(…) el silencio generalizado que la junta militar eficientemente impulsó fue también posible gracias a la tolerancia y aceptación de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales hacia los planes y objetivos sostenidos por el régimen. (pág. 85)
Por su parte, los medios de comunicación también fueron intervenidos, manipulados y silenciados en función de los intereses del Proceso de Reorganización Nacional con el objetivo de mantener el ocultamiento y clandestinidad de la guerra contra la subversión. Esto no solo se logró con la puesta en funcionamiento de mecanismos de censura y autocensura sobre los diarios, radios y canales de televisión, sino también gracias a la rápida adaptación de la mayoría de ellos a las nuevas condiciones impuestas por el régimen militar. Esto se vincula con lo que Zaffaroni (1998) propone en su escrito En busca de las penas perdidas; expresa que los medios de comunicación funcionan como usinas ideológicas del estado generando control social, y que son elementos indispensables para el ejercicio del poder. Plantea que, sin estos medios masivos de comunicación, la experiencia directa de la realidad social permitiría que la población se percatase de la falacia de los discursos justificadores.
Hasta aquí se habló de anulación, terror, censura y silenciamiento, mecanismos por los cuales la autoridad que se encontraba en el poder en ese momento les quitaba a los/as sujetos la posibilidad de ser, de existir; específicamente en el caso de aquellos/as secuestrados/as en Centros Clandestinos de Detención. El objetivo sobre éstos/as, era deshumanizarlos/as, que no quede nada de su subjetividad, que se convirtieran en un resto, un desecho. Una violación total de los Derechos Humanos, paradigma en el cual nos encontramos parados actualmente.
El cambio de enfoque que significó poner a los Derechos Humanos en el centro de la cuestión, trajo afortunadamente aparejados una serie de movimientos y políticas reparatorias frente a las consecuencias que la Dictadura desarrollada en nuestro país nos dejó; entre ellas los llamados juicios de Lesa Humanidad.
Juicios a aquellas personas que formaron parte de las fuerzas que se encontraban en el poder y muchas de ellas encargadas de tomar las decisiones que guiarían el destino de las víctimas durante su secuestro, detención y en la mayoría de los casos tortura. Los juicios tienen su origen a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó dos grandes políticas de memoria: la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y los juicios a las Juntas Militares; y se podría decir que le dieron lugar nuevamente a la palabra como portadora de historia subjetiva.
Dentro del ámbito judicial, hablamos de la palabra definiéndola como testimonio y es a partir de éste que se reconstruyen “las” historias. Hablo en plural ya que se hace posible el proceso de reconstrucción de una parte de la historia argentina, así como también de la historia particular y subjetiva de estas víctimas.
Ana María Careaga (2012), autora de Consecuencias Subjetivas del Terrorismo de Estado plantea que
el/la testigo debe reconstruir en su relato algo que lo/la trasciende como sujeto/individuo, en tanto es portador/a de una porción, de un fragmento de la historia, que lo/la involucra pero que a su vez lo/la excede largamente. (p. 3)
Se trata entonces de un papel fundamental el que cumple el/la testigo, ya que permite visibilizar una etapa de la historia argentina hasta ahora en parte desconocida por la sociedad. Esta reconstrucción nunca es fácil ya que el sujeto tiene la tarea de recordar aquello que justamente intenta olvidar, generándose muchas veces espacios en blanco por el remanente de angustia que significan estas experiencias para el sujeto protagonista.
Careaga (2012) frente a la concepción de testimonio habla de “restitución subjetiva”, planteando que esto le permite al sujeto acercarse a una dimensión reparatoria. Sin embargo, es importante plantear que no se puede lograr que los hechos traumáticos que el/la sujeto experimentó vuelvan a un estado anterior, se “deshagan”; lo que sí es posible de realizar es el intento de reparación de las consecuencias, aquellos resabios que siguen aún presentes en las/los sujetos que resultan testigos y también en la sociedad en general.
Asimismo, es crucial la institucionalización de ese relato, que se consigue mediante el testimonio en los juicios orales y públicos. Esto podría pensarse como factor para que el Estado tome responsabilidad en esto, así como también la sociedad toda.
En otras palabras, mediante el testimonio el/la sujeto puede simbolizar aquello que le tocó vivir, en un ámbito que permite que ese discurso se una a otros discursos para generar la reconstrucción de una parte de nuestra historia argentina. Al mismo tiempo permite que se repare aquello que forma parte de las consecuencias generadas por los hechos traumáticos experimentados por las/los sujetos, hechos que permanecerán en ellos/as como una huella permanente. Y, por último, hace posible que tanto el Estado como el cuerpo social conozcan, asuman y formen parte del proceso que marcó varias generaciones y que aún hoy en día sigue estando presente.
Esta intención reconstructora que se mencionó anteriormente, hoy en día podría decirse que va un poco más allá de únicamente la búsqueda de responsabilidad por parte de quienes fueron y son culpables de lo sucedido sino también del acompañamiento de aquellos/as sujetos que sufrieron en carne propia los hechos y se encuentran testimoniando, así como también sus familias.
Podría plantearse que en este punto es fundamental el papel del psicólogo/a como profesional que realiza este acompañamiento como agente de salud mental, con un posicionamiento desde el paradigma de derechos humanos, donde el acompañar en el marco de la tramitación judicial de estos/as sujetos abre paso a la inauguración de un nuevo espacio de intervención para la psicología.
La Dictadura implementada en nuestro país fue un hecho que marcó la historia y la sociedad argentina significando un antes y un después en diversos aspectos; principalmente en materia de derechos humanos. En el plano particular, dejó una huella imborrable en la vida de muchísimos/as sujetos, algunos/as no habiendo logrado sobrevivir y otros/as pudiendo “salir” de un proceso enmarcado por el horror y la violencia; y coloco la palabra entre comillas porque es, como se mencionó anteriormente, una huella que queda impresa y configura la subjetividad de aquellos/as que consiguieron sobrevivir.
Esta huella no es posible hacerla desaparecer, ya que como todo acontecer en la vida de los/as sujetos quienes son seres sociales y configurados/as por una cultura, tiempo, y relaciones vinculares determinadas; no se puede deshacer. Aquí creo que es importante incluir y mencionar la importancia que tiene dentro del ámbito judicial el rol del/la psicólogo/a como profesional de la salud mental en ese punto, formando parte de este “después” en nuestra historia.
Como profesionales de tal campo, tienen la función de intentar reparar en la medida de lo posible, de manera interdisciplinaria y con un enfoque integral, la mayor cantidad de daño que estos acontecimientos hayan provocado en los/as sujetos, así como también acompañarlos/as de manera activa en este proceso.
Los/as sujetos como testigos en los juicios antes mencionados, mediante su discurso y el relato de su experiencia, reconstruyen la historia y permiten que lo sucedido se recuerde. El/la psicólogo/a desde su abordaje profesional y acompañamiento activo recurriendo a diversas herramientas, permite que la experiencia de estos/as sujetos no quede en el mero testimonio, yendo un poco más allá del castigo a los responsables y permitiendo también que esa reconstrucción y puesta en juego de la palabra sea posible.
Bibliografía
– Barros, Mercedes (2009). El silencio bajo la última dictadura militar en Argentina. https://www.researchgate.net/publication/228891978_El_silencio_bajo_la_ultima_Dictadura_Militar_en_la_Argentina
-Careaga, Ana María (2012). Consecuencias Subjetivas del Terrorismo de Estado. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31200.pdf
-Zaffaroni, R. (1998). En busca de las penas perdidas. EDIAR, Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera.
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/10/doctrina31832.pdf