La historia de la psicología en la Argentina condensa un proceso complejo de conformación disciplinar, institucional y política, atravesado por disputas en torno a su estatuto científico, sus incumbencias profesionales y su autonomía frente a otros campos del saber, especialmente la medicina. A partir de la reconstrucción histórica de su desarrollo, la sanción de las leyes que regulan su ejercicio y las transformaciones introducidas por el paradigma de derechos en salud mental, este trabajo propone una lectura crítica sobre los modos en que la psicología se constituyó como profesión autónoma y sobre los desafíos actuales que enfrenta en el marco de las políticas públicas contemporáneas.
Introducción
La psicología argentina se ha configurado históricamente en tensión entre su vocación científica, su inserción institucional y su lucha por el reconocimiento profesional. Desde sus primeros desarrollos en el siglo XIX, la disciplina estuvo vinculada a los ideales positivistas de la modernidad y a las necesidades del Estado de contar con saberes capaces de clasificar, diagnosticar y normalizar la conducta humana. La figura del psicólogo, tal como hoy la entendemos, es resultado de un largo proceso de disputa, que incluyó enfrentamientos con el campo médico, movimientos gremiales, conquistas legales y una constante reformulación del rol y quehacer profesional frente a los cambios sociales y políticos del país.
Comprender este recorrido implica reconocer que la psicología no solo se define por su objeto de estudio o su técnica, sino también por el modo en que se inscribe en las luchas por el sentido de la salud, la subjetividad y los derechos. La autonomía profesional, lejos de ser una conquista solamente profesional, expresa una toma de posición ética y política frente a los modos de producción del saber y del poder sobre los cuerpos y las vidas.
Origen y devenir histórico de la psicología en Argentina
Los inicios de la psicología en la Argentina se inscriben en el proyecto modernizador de la llamada generación del ’80, que promovió una ciencia orientada al progreso y a la racionalización social. En esa etapa fundacional, las figuras de José Ingenieros, Horacio Piñero y Víctor Mercante marcaron la orientación de la disciplina hacia una psicología de corte experimental y biologicista, con fuertes vínculos con la medicina y la pedagogía.
Durante el período antipositivista (1925–1943), emergieron corrientes filosóficas y existenciales que cuestionaron el reduccionismo naturalista y abrieron paso a nuevas concepciones de la subjetividad. Más tarde, el auge de la psicotecnia y de las psicologías aplicadas en las décadas del cuarenta y cincuenta reforzó el papel del Estado en la regulación de la orientación profesional y educativa, integrando la psicología a las políticas de bienestar propias del Estado social.
La creación de las primeras carreras universitarias en los años cincuenta y sesenta –entre ellas las de la UBA, la UNLP y la UNC– significó la institucionalización de la disciplina y el surgimiento de un nuevo actor social: el psicólogo como profesional de la salud mental. Según Alejandro Dagfal, esta etapa puede leerse como la “invención del psicólogo”, en tanto se constituyó una identidad profesional en disputa con la hegemonía médica y se consolidó un campo de intervención propio en la clínica y la psicoterapia.
Sin embargo, la legalización del ejercicio profesional tardó en llegar. El Decreto-Ley 17.132 (1967), conocido como el decreto de los “tres no”, sancionado durante la dictadura de Onganía, prohibía a los psicólogos diagnosticar, realizar psicoterapia o prescribir medicación. Bajo la tutela médica, la psicología quedó reducida a un rol auxiliar. Frente a esta subordinación, las asociaciones de psicólogos nacidas en los años sesenta comenzaron a organizarse gremialmente para defender la autonomía profesional.
El Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, realizado en Córdoba en octubre de 1974, constituyó un punto de inflexión: allí se consolidó la identidad colectiva de la profesión, se proclamó la necesidad de un marco legal propio y se instituyó el 13 de octubre como el Día del Psicólogo en la Argentina. Este encuentro, realizado en un contexto político de intensa movilización social, vinculó a la psicología con los procesos de transformación y con un compromiso ético y político con la realidad.
La dictadura militar (1976–1983) significó una fuerte regresión: persecuciones, exilios, cesantías y clausuras de carreras marcaron un período de control ideológico y disciplinamiento institucional. No obstante, la práctica se mantuvo en espacios privados y educativos, resistiendo a la subordinación total. Con el retorno de la democracia en 1983, se reanudaron las luchas gremiales por el reconocimiento legal y se gestó un proceso que culminó en la sanción de la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de la Psicología Nº 23.277 en 1985.
La Ley de Ejercicio Profesional: autonomía y reconocimiento disciplinar
La Ley Nacional Nº23.277 marcó un hito histórico en el reconocimiento de la psicología como profesión autónoma dentro del campo de la salud. Su aprobación, lograda por escaso margen, simbolizó el fin de la tutela médica impuesta por el decreto de los “tres no” y afirmó la capacidad del psicólogo para ejercer en ámbitos clínicos, educativos, laborales y comunitarios con independencia técnica y ética.
Ese mismo año, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 10.306, que reglamentó el ejercicio profesional y definió incumbencias específicas, garantizando la creación de los Colegios de Psicólogos. Estas instituciones se constituyeron como espacios de regulación ética, defensa gremial y construcción identitaria.
La ley representó no solo un reconocimiento formal, sino la cristalización de un proceso político y colectivo de legitimación. Permitió disputar lugares en los equipos de salud, participar en la gestión institucional y consolidar una práctica sustentada en el saber psicológico. Pero también dejó abiertas tensiones que se mantienen vigentes: la persistencia de jerarquías médicas, la desigual valorización de los saberes y la constante necesidad de reafirmar la autonomía profesional frente a otras disciplinas.
La Ley Nacional de Salud Mental: un nuevo paradigma
La sanción de la Ley Nacional Nº26.657 en el año 2010, supuso un cambio de paradigma en la concepción de la salud mental en la Argentina. Inspirada en los principios de derechos humanos y en diversas experiencias de reforma psiquiátrica, la norma promueve un modelo interdisciplinario, comunitario e inclusivo, que desplaza la mirada biologicista y manicomial para situar la salud mental como un proceso multideterminado por factores sociales, culturales, económicos y subjetivos.
La ley reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetos de derechos, prohíbe la creación de instituciones monovalentes, impulsa la sustitución progresiva de los manicomios por dispositivos comunitarios, e incorpora los consumos problemáticos al campo de la salud mental con enfoque de derechos. Además, instituye la figura del “usuario” en reemplazo de la de “paciente”, reconociendo a las personas como protagonistas -sujetos activos- de su propio proceso terapéutico.
En términos profesionales, la ley consolida la participación del psicólogo en igualdad de condiciones dentro de los equipos interdisciplinarios, habilita su firma en internaciones y altas junto a otros profesionales, y lo incluye en la toma de decisiones sobre los tratamientos, incluidas las revisiones -no prescripción, que sigue siendo potestad de la medicina- de medicación. Esto significó un salto cualitativo en la autonomía profesional y en el reconocimiento del saber de la psicología como indispensable en el abordaje integral de la salud mental.
Sin embargo, el cambio paradigmático no se tradujo automáticamente en transformaciones institucionales y culturales. Persisten resistencias corporativas de la psiquiatría y de la industria farmacéutica, que ven amenazada su hegemonía frente a un modelo que prioriza la inclusión comunitaria, la interdisciplina y la revisión crítica del uso de la medicación.
Autonomía profesional y tensiones en la práctica
El diálogo entre la Ley de Ejercicio Profesional y la Ley de Salud Mental pone de relieve tanto los avances como las tensiones en la práctica cotidiana. Mientras la primera garantizó la independencia profesional del psicólogo, la segunda la redefinió en el marco de un paradigma colectivo e interdisciplinario.
La autonomía profesional, entonces, no puede pensarse solo en términos de independencia funcional, sino como una posición ética y política frente a las formas de poder que atraviesan el campo de la salud. Ser autónomo implica participar activamente en la construcción de políticas públicas, sostener una mirada crítica sobre las prácticas institucionales y defender el derecho de las personas usuarias a una atención digna e inclusiva.
No obstante, la interdisciplinariedad propuesta por la Ley Nacional Nº26.657 muchas veces se reduce a una multidisciplinariedad formal en la que persisten jerarquías tradicionales. La hegemonía médica muchas veces continúa reproduciéndose en la organización de los servicios, en la definición de los cargos jerárquicos y en la toma de decisiones clínicas. Esto obliga a la psicología a reafirmar su especificidad, sosteniendo su aporte singular en el marco de equipos horizontales y democráticos.
Quince años de la Ley de Salud Mental: deudas y desafíos
A más de una década de su sanción, la Ley Nacional Nº26.657 enfrenta grandes dificultades en su implementación. Persisten aún algunas instituciones monovalentes con internaciones prolongadas, escasean los dispositivos comunitarios y el presupuesto destinado a salud mental continúa muy por debajo del 10% estipulado por la ley. El gasto actual no alcanza al 2%, lo que demuestra la falta de prioridad política del sector.
Entre las principales deudas figuran la débil atención primaria, la ausencia de una red territorial sólida, la escasa participación de usuarios y familiares en la planificación de políticas. Estas falencias evidencian que el cambio de paradigma requiere más que voluntad normativa: demanda decisiones políticas, inversión sostenida y transformación cultural.
Sistemas de apoyo en salud mental y el proceso bonaerense
La noción de “sistemas de apoyo”, tomada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), constituye un eje central del nuevo modelo. Implica acompañamientos personalizados y comunitarios que promuevan la autonomía y la inclusión social, en contraposición a la lógica tutelar y manicomial.
En la provincia de Buenos Aires, la adhesión a la Ley Nacional mediante la Ley 14.580 (2013) y la puesta en marcha del programa Provincia libre de manicomios en 2019 representan pasos significativos en esa dirección. El plan busca sustituir los grandes hospitales psiquiátricos por una red de dispositivos territoriales –casas de convivencia, residencias asistidas, hospitales de día, apoyos domiciliarios– articulados con políticas de vivienda, trabajo y educación.
Aun así, el proceso enfrenta obstáculos estructurales: dificultades en el financiamiento, resistencias institucionales y persistencia de representaciones sociales que asocian el padecimiento mental con la peligrosidad. Transformar el sistema implica, además de crear nuevos dispositivos, cambiar las prácticas profesionales y las formas de relación entre saberes, así como un trabajo sostenido con la comunidad.
Psicología y debates contemporáneos
En este contexto, el campo de la psicología enfrenta debates cruciales. La defensa de la autonomía profesional no puede desvincularse de la lucha por la plena implementación de la Ley 26.657. Sin dispositivos comunitarios suficientes, con presupuestos limitados y con persistencia de instituciones manicomiales, la práctica de la psicología se ve condicionada y, en muchos casos, limitada a reproducir viejas lógicas.
A su vez, el rol de la psicología en equipos interdisciplinarios exige una doble tarea: sostener la especificidad del saber disciplinar y, al mismo tiempo, aportar a la construcción colectiva de modelos de atención respetuosos de la dignidad humana. La incorporación de la perspectiva de género y diversidad, ausente en el texto original de la ley, es otro de los desafíos ineludibles para las prácticas actuales. Así como la inclusión de aspectos vinculados con las infancias y salud mental.
La formación de futuros psicólogos constituye también un terreno de disputa. Si la enseñanza se mantiene ligada a modelos anticuados, difícilmente se logre consolidar una práctica profesional acorde al paradigma comunitario y de derechos humanos. Por ello, las universidades tienen un papel clave en la transformación curricular y en la generación de experiencias formativas en dispositivos comunitarios.
En la coyuntura actual, la autonomía profesional enfrenta también nuevos desafíos a partir de proyectos legislativos que ponen en cuestión conquistas históricas. Por un lado, el proyecto de ley 1677-D-2025 impulsado por la diputada Marcela Pagano (La Libertad Avanza), propone eliminar la colegiación obligatoria, sustituyéndola por un registro nacional, lo que implicaría despojar a los Colegios Profesionales de su rol central como órganos de regulación ética, defensa gremial y resguardo de la práctica profesional. Este escenario abriría la puerta a una mayor precarización y fragmentación del ejercicio de la psicología, debilitando los mecanismos colectivos de defensa de la autonomía. Por otro lado, las propuestas de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657 (la última fue presentado por la diputada Marcela Campagnoli (Bloque Coalición Cívica) y cuenta con otros firmantes de distintos bloques, en este año) plantean un retroceso respecto del paradigma de derechos, al ampliar los criterios de internación involuntaria y reforzar lógicas tutelares que limitan la capacidad de decisión de las personas usuarias. En conjunto, ambos proyectos muestran que la autonomía de la psicología como disciplina y como profesión no es una conquista definitiva, sino un campo en permanente disputa, que requiere de la organización y participación activa de profesionales y usuarios para sostener y profundizar los avances logrados en las últimas décadas.
Conclusiones
El recorrido histórico de la psicología argentina muestra que la autonomía profesional no fue un punto de partida, sino una conquista colectiva y en permanente disputa. Desde la sanción de la Ley Nacional Nº23.277 en 1985 hasta la Ley de Salud Mental en 2010, la disciplina avanzó en el reconocimiento de su identidad y en la consolidación de un rol protagónico en las políticas públicas.
Sin embargo, la autonomía solo adquiere sentido si se inscribe en un proyecto ético y político que promueva la justicia social y los derechos humanos. La psicología no puede limitarse a defender su espacio profesional: debe comprometerse en la construcción de un modelo de salud mental que garantice inclusión, respeto y ciudadanía plena.
Hoy, frente a los intentos de retroceso y a la persistencia de prácticas manicomiales, la defensa de la autonomía implica sostener la vigencia del paradigma de derechos, exigir recursos para su implementación y promover una transformación profunda en la cultura institucional.
El desafío contemporáneo consiste en articular las conquistas históricas con las demandas actuales: fortalecer los dispositivos comunitarios, consolidar los sistemas de apoyo, profundizar la interdisciplina, incorporar las perspectivas de género e infancias y asegurar la participación activa de usuarios y usuarias en las decisiones.
Defender la autonomía, en definitiva, no es solo defender la psicología, sino afirmar un modo de entender la salud mental como territorio de libertad, dignidad y justicia social.
Referencias bibliográficas
Dagfal, A. (2013). La psicología en la Argentina: del laboratorio a la crisis de los años ’70. Material de cátedra, Universidad Nacional de La Plata.
Domínguez Lostaló, J. C. (2008). 30 años de práctica profesional. Ficha de cátedra Psicología Forense UNLP
Falcone, R. (1992). Historia de una ley: El ejercicio profesional de la Psicología (Ley 23.277) y sus antecedentes. Buenos Aires: Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.
Ley 23.277. (1985). Ejercicio profesional de la psicología. Boletín Oficial de la República Argentina.
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Proyecto de Ley 0727-D-2025. (2025). Modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Proyecto de Ley 1677-D-2025. (2025). Registro Nacional de Profesionales y eliminación de la colegiación obligatoria. Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Quiroga (2020). 10 años, 10 deudas. Desafíos actuales para cumplir la Ley Nacional de Salud Mental. Buenos Aires: Red Argentina de Usuarios y Familiares de Salud Mental.
Este artículo es un extracto de la ponencia presentada con motivo de la Jornada Pre-Congreso “Reflexiones y desafíos actuales de nuestra práctica”, Organizada por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VIII. Tandil, Octubre de 2025